Legalmente podría ser correcto el procedimiento, pero socialmente no.
Sindicatura municipal de Tijuana determinó clasificar como «reservada» por un plazo de 6 meses, la información del contrato de la renta de camiones recolectores de basura entre el Ayuntamiento y una empresa privada, en lo que la dependencia investiga la legal procedencia del arrendamiento.
Esto ha generado dudas sobre la transparencia con la que el gobierno municipal está manejando la información y es que la alianza entre el Ayuntamiento y la empresa Turbofin ha sido criticada por presunto conflicto de intereses.
Al respecto, Elba Estudillo, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado, dijo que Sindicatura puede apelar a la reserva de la información, aunque el Instituto podría echar abajo esa pretensión, siempre y cuando se presente la solicitud de análisis y se determine que la información tiene que ser pública.
Pero independientemente de que Sindicatura esté en su derecho o no de clasificar la información, el mensaje que da hacia el resto de la población no abona a la transparencia coincidió César Romero, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tijuana, CMIC.