El magistrado señaló que ya hay casos de corrupción remitidos por organismos de control al interior de los gobiernos.
Los juicios contra servidores públicos por incurrir en actos de corrupción están detenidos porque la sala en la materia no tiene recursos para funcionar, a pesar de tener casos pendientes.
Así lo admitió el magistrado anticorrupción, José Curiel, que dijo desconocer cuándo el gobierno y el congreso estatal otorgará los recursos que se necesitan para juzgar la corrupción.
Durante un encuentro con el Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, mencionó que los casos han sido remitidos por las sindicaturas y la contraloría de Baja California, y son relativos a malos manejos de funcionarios locales, que serán juzgados si la sala llega a operar.
Las sanciones son de tipo administrativo e incluyen la inhabilitación, la sanción económica y la remisión del caso a alguna área penal en caso de que corresponda.
De acuerdo a Curiel, se incluirá en los casos a particulares que se asocien con servidores públicos para cometer actos de corrupción, sin embargo no hay fecha para que suceda.
