Reforma sanciona con 3 a 9 años de prisión a quien dañe edificios públicos.
En la pasada sesión del Congreso de Baja California los diputados aprobaron una serie de reformas al código penal, como la sanción de tres a nueve años de prisión a quien dañe infraestructura pública, además de que el delito sea perseguido de oficio.
Rigoberto Campos, líder del Comité para la Defensa del Agua de Baja California, comentó que lo que pretenden los legisladores es que los manifestantes no se acerquen al congreso u otros edificios públicos.
Pero aseguró que si no se les va a permitir acercarse a estos lugares, tendrán que buscar a las autoridades en sus domicilios particulares para que escuchen sus demandas.
En la opinión de algunos de los integrantes de los movimientos de resistencia que han participado en protestas en Mexicali, la reforma tiene una clara dedicatoria dirigida a los manifestantes de estas organizaciones.
