Pretendían blindar a funcionarios y secretarios de partidos de juicios por delitos electorales
El Congreso de Guatemala reconsideró una polémica reforma aprobada la víspera, tras las protestas registradas en el país.
El decreto qué fue aprobado el miércoles pasado, declarado de “urgencia nacional”, perdonaba de responsabilidad del delito de financiamiento electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos, entre otras cosas.
Por ese mismo delito fue que la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) pidieron eliminar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, acusado de ocultar el origen de fondos que recibió en la campaña de 2015.
La Corte Suprema de Justicia aprobó solicitud para levantarle la inmunidad al presidente e investigarlo, pero fue rechazada la semana pasada por el Parlamento.
El presidente del Congreso, Óscar Chavarría, explicó que se convocó para este viernes ─asueto nacional por día de independencia─ a una sesión a fin de discutir dar marcha atrás en lo dispuesto.
“Nos equivocamos y lo reconocemos, ahora lo que nos corresponde es rectificar, que es lo que venimos a hacer (al Congreso)”, dijo en tanto el diputado Orlando Blanco, que fue secretario de su partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro.
Blanco y el diputado Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada (Líder), de derecha, están acusados de los mismos cargos que Morales. Según la legislación guatemalteca, una ley puede ser retroactiva cuando favorece al acusado.
