También quieren castigar a quien no utilice bien los recursos para seguridad.
Con más de 900 asesinatos solamente en Tijuana durante los primeros siete meses de 2017, las autoridades locales reconocieron que las corporaciones mantienen un rezago, mientras la violencia se desborda.
La exigencia de los organismos es una: recuperar la seguridad en la ciudad.
Una de las recientes propuestas, planteada por el diputado Jorge Ramos, es iniciar a reformar desde la concepción del dinero destinado a combatir la violencia.
A su consideración el uso ineficiente de los recursos en temas prioritarios también debe ser castigado.
Pero la seguridad ya dejó de ser un tema que solamente atienden los funcionarios, también es de la población y organismos civiles.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado le apuesta por la elección popular o independiente de los responsables de la seguridad en la entidad.
“Blindaje” le llaman ellos, un escudo contra la burocracia y las relaciones entre partidos.
En tanto avanzan las iniciativas y se discuten, la tendencia desde el año pasado es la misma, los homicidios van cuesta arriba sin una muestra de cambio a corto plazo.
