En contra de las desaladoras están los legisladores de oposición.
Un total de 11 diputados firmaron una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación del Congreso de Baja California del dictamen 95, que endeuda al gobierno del Estado por poco más de 80 mil millones de pesos.
Se trata de legisladores de oposición al Partido Acción Nacional (PAN) y un panista, quienes se oponen al decreto 168 referente a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), principalmente relacionadas con la construcción de desaladoras.
Los diputados Luis Moreno y Catalino Zavala explicaron en rueda de prensa que tienen varios elementos para demostrar la inconstitucionalidad, ya que durante la sesión en la que se votó el dictamen no todos estuvieron presentes además de que la convocatoria fue irregular.
La intención es invalidar la ley al considerar que perjudica a los recursos públicos en beneficio de algunos grupos cercanos al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, ya que uno de los contratos es con la empresa en la que participa el senador panista Víctor Hermosillo.
