Una joven de 23 años que el 3 de enero tuvo un aborto en el Hospital General de Ensenada podría ir a la cárcel ya que se encontraron evidencias de que utilizó pastillas abortivas, y está acusada penalmente de aborto al provocar la expulsión de un feto con 18 semanas de gestación.
Hasta el momento el juez de control de procesos José Luis Castañeda Carrillo no impuso ninguna medida cautelar al respecto y la mujer acudirá en libertad a la siguiente audiencia.
El caso se presentó el pasado 3 de enero y ha generado polémica entre activistas que en este momento apoyan a la mujer, ya que han explicado que no permitirán que la mujer pise la cárcel.
Por su parte la activista Rebeca Maltos de Gente Diversa indicó que la mujer no puede ser obligada a ser mamá , ni tampoco se puede llenar la cárcel de mujeres que interrumpieron sus embarazos.
Urgió a hacer cambios ya que dijo que cuando un hombre abandona a una mujer que espera un hijo suyo «está abortando con la diferencia de que a ellos no les pasa nada».
