También fue torturado y por ello se exige la reparación del daño.
Migrante hondureño pasó años encarcelado injustamente tras ser detenido en Tijuana. También fue torturado y por ello se exige la reparación del daño.
Desde hace 8 años, esa canción no deja de sonar para Ángel Amílcar, un migrante hondureño torturado por soldados en marzo de 2009, en el Cuartel Morelos en Tijuana.
El lunes pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación contra el gobierno de Baja California, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República por su responsabilidad en el caso.
Su historia comenzó cuando se fue de Honduras a Estados Unidos para conseguir dinero para el tratamiento contra el cáncer que padecía su hijo.
El 9 de marzo de 2009, ya en su última parada antes de cruzar la frontera, fue detenido en una casa en las inmediaciones del aeropuerto de Tijuana.
La Policía Estatal lo detuvo con otras 10 personas, luego intervino la Federal y al final, fue trasladado al cuartel, donde estuvo privado de la libertad por 77 días antes de enviarlo a un Ministerio Público.
Narcotráfico, distribución de droga y posesión de armas de uso exclusivo del ejército fueron los cargos, lo enviaron a una prisión federal en Nayarit donde estuvo 5 años y 6 meses. En ese tiempo murió su hijo, su madre y su hermano, no le permitieron hacer llamadas.
A pesar de los certificados médicos, tampoco tuvo atención médica o psicológica.
El Centro Prodh, un organismo defensor de derechos humanos en México, se hizo cargo del caso, aun hoy, exigen justicia para Ángel.
La exigencia es para que el gobierno de Baja California, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad, así como el Ejército reparen el daño y se deje un precedente con la publicación de la Ley General de Víctimas en el estado.
