Por ello presentaron una reforma, para que puedan acceder a apoyos.
En septiembre de 2017 se aprobó y promulgó la Ley de Protección Civil en Baja California que dentro de su artículo 73, prohíbe a las asociaciones de asistencia social, como albergues, guarderías y centros de rehabilitación, el tener acceso a recursos y apoyos públicos sino cumplen con los lineamientos dispuestos en la misma Ley.
El problema es que desde que se publicó sólo el 2% de las más de mil organizaciones en el Estado han podido cumplir con las disposiciones, por el gran costo que representa.
Tan sólo la primera evaluación a la que se deben someter los inmuebles tiene un costo de 45 mil pesos, que difícilmente pueden pagar estas organizaciones no lucrativas, como lo explicó la diputada Eva María Vásquez, promotora de una nueva reforma presentada este jueves en el Congreso de Baja California.
Esta disposición ha evitado que durante cerca de medio año más de mil albergues y centros de rehabilitación no tengan acceso a los apoyos.
Job Montoya, Presidente de la Comisión de Protección Civil y promotor de la Ley aprobada el año pasado, declaró que toda ley es perfectible y que se buscará apoyar a estas organizaciones, pero subrayó que no quedarán exentas de cumplir con las disposiciones.
