Terry Lee Morris, acusado de solicitar sexo a una menor. Fue sentenciado a 60 años de prisión en 2014, no siguió las reglas de decoro del tribunal en el que era procesado en Fort Worth, Texas. Así que el juez que presidía la sala ordenó al policía que le custodiaba que activara el cinturón eléctrico que llevaba puesto, para que entrara en razón y se comportara como era debido. Recibió hasta tres descargas en el momento. Ahora el juicio tendrá que repetirse porque el magistrado violó los derechos constitucionales del reo.
Estos cinturones paralizantes emiten descargas de hasta 70.000 voltios. Son extremadamente dolorosos y se usan cuando el preso intenta escapar o se vuelve violento. El juez que ordenó que se propinara el castigo es George Gallagher. Lo hizo tras el acusado negarse a declararse culpable o inocente.
«¿Vas a seguir las reglas?», le preguntó Gallagher tras advertirle que si seguía con su actitud desafiante procedería a retirarlo de la sala o usaría el cinturón paralizante. El acusado explicó al juez que tenía una demanda pendiente contra él y contra el que era entonces su abogado, y que quería ejerce su derecho a defenderse.
El acusado se dirigió tras la segunda descarga a Gallagher para decirle que le estaba «torturando», que se equivocaba al reprimirlo de esa manera. El juez procedió en ese momento a ordenar una tercera descarga eléctrica, ante la negativa de Morris. Después explicó que se le propinó el castigo porque el acusado se mostraba muy agitado y temía que la situación escalara, poniendo en peligro a los presentes.
La decisión del tribunal de apelaciones de El Paso no solo pide que se repita el proceso al determinar que no había motivos de seguridad que justificaran el castigo. También deja claro que un juez en Texas no puede «electrocutar» al acusado cuando se niega a responder a las preguntas y señala que se este tipo de descargas eléctricas pueden incapacitar mentalmente a la persona que las recibe.
«Nunca vimos un comportamiento similar y tampoco esperamos que algo así vuelva a suceder», lamenta la magistrada Yvonne Rodríguez en su opinión refiriéndose a la conducta del juez George Gallagher, que considera pone en compromiso la «dignidad» del proceso para que la justicia no degenere en «barbarismo». Este tipo de castigo al acusado, insiste, «está constitucionalmente prohibido».
La opinión no indica el estado de Morris tras las descargas. La abogado que le representó en la apelación agradeció que se protejan los derechos de su cliente. El caso volverá a ser juzgado en la corte que preside Gallagher, que se abstuvo de valorar la decisión. El abogado del acusado en el juicio no se opuso al castigo, porque dijo que su cliente estaba fuera de control. «Era un cañón a punto de disparar».