Oficiales utilizan fuerza desproporcionada en manifestaciones.
A unos días de que la CNDH emitiera una recomendación por el uso de la fuerza pública contra jornaleros de San Quintín, se está proponiendo regular los protocolos de actuación de las corporaciones.
Dentro del Congreso de Baja California se analiza una propuesta para regular el uso de la fuerza policiaca, ya que en los últimos años los oficiales han reflejado un manejo desproporcional al responder en manifestaciones.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera, advirtió que es necesario crear una ley que reglamente la actuación del personal de las corporaciones.
Aunque el abuso de autoridad es reportado constantemente, los casos más emblemáticos de la mala aplicación de protocolos se han documentado durante manifestaciones como la de los campesinos en San Quintín, en la que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos terminó por emitir una recomendación al gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
En este último caso se obtuvo evidencia del uso de balas de goma, sometimientos, golpes y lesiones en febrero y mayo de 2015, durante la movilización de jornaleros que exigían un mejor salario.
Pese a este y otros incidentes, las autoridades locales aseguran que cumplen con las capacitaciones en materia de Derechos Humanos.
De acuerdo con cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaria de Seguridad Pública de Tijuana es la corporación con más quejas, en 2016 acumuló 300 y en lo que va del año van 20.
Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local analiza una reforma a la Ley de Seguridad del Estado para regular el uso de la fuerza, aunque la ombudsperson de la entidad dice que es necesario crear una nueva ley.
