Emergencia por covid-19 detiene investigación contra Kiko Vega

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Tanto al ex gobernador de Baja California como a su esposa, Brenda Ruacho de Vega, se les investiga por desvío de recursos públicos.

TIJUANA, Baja California.- La emergencia sanitaria por covid-19 ha detenido los avances del proceso en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y ex funcionarios de la administración estatal pasada.

El fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, explicó que hasta el momento continúan en la revisión de documentación localizada en el cateo efectuado el 8 de mayo pasado a una de las viviendas del ex mandatario estatal en Tijuana, tales como traspasos financieros o cheques.

Sin embargo, para poder judicializar ciertas carpetas, necesitan de la validación de información por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria.

Señaló que debido a que estas instancias limitaron sus funciones por la pandemia de coronavirus, el proceso está detenido y una vez que reanuden operaciones, irán avanzando las investigaciones sobre la gestión de Vega de Lamadrid y sus ex colaboradores, entre ellos la ex presidenta del DIF Estatal, Brenda Ruacho.

“Se deben de abrir a partir del 15 de junio, es bien importante que dependencias federales operen al cien, tener la información y las carpetas estén bien integradas”, explicó el fiscal, durante la transmisión en vivo que encabeza diariamente el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Las denuncias interpuestas contra funcionarios “kikistas”

Son varias las investigaciones que acumulan ex colaboradores de la última gubernatura de la hegemonía panista en Baja California.

Fue el 19 de noviembre de 2019, cuando el Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano presentó una denuncia en contra de Francisco Vega de Lamadrid y otros funcionarios de su gobierno por un presunto fraude que asciende a mil 200 millones de pesos.

En ese entonces, el funcionario comentó que detectaron pagos por asesorías a cerca de 40 empresas “fantasma”, muchas de las cuales no cuentan con registro oficial e incluso varias tienen el mismo domicilio.

El pasado 16 de marzo, el secretario de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano interpuso una denuncia penal contra la ex presidenta del Patronato del DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega por los delitos de coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas, más lo que resulte.

El segundo a bordo en la administración de Jaime Bonilla detalló en aquel entonces que un recurso de más de 7 millones de pesos para la construcción de las Villas del CRIT se depositó en la cuenta de la asociación civil “Creo en tus sueños”, cuya titular es precisamente Brenda Ruacho, aún cuando, de acuerdo al funcionario, la ley impide que funja como titular del DIF y presidenta de una asociación que recibe recursos públicos.

Esta cuenta bancaria continúa vigente y utilizándose para fines que no tienen que ver con el proyecto de acondicionar un albergue que daría techo a las familias de pacientes CRIT en Tijuana.

Posteriormente, en mayo la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza, presentó dos denuncias en contra de funcionarios de la pasada administración estatal por irregularidades en el manejo de 1 mil 200 millones pesos.

De acuerdo a la autoridad estatal, la malversación de fondos ascendería a los mil 700 millones de pesos ya.

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