Van 31 denuncias penales presentadas, así como 39 carpetas de investigación, en donde están involucrados 137 empleados o funcionarios de CESPT.
TIJUANA, Baja California.- Por lo menos hasta esta semana y tras diversas auditorías, el Gobierno del Estado tiene un total de 994 empresas dictaminadas como “aguachocoleras” que, juntas, suman una deuda de 2 mil 324 millones de pesos.
De esta cantidad, solo han sido recuperados alrededor de 756 millones de pesos, según reportó la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinosa Martínez.
Las auditorías se realizan en conjunto con la empresa Fisamex, quien obtiene una comisión del 20 por ciento de lo recuperado.
“No solamente se le paga menos porcentaje a Fisamex, si no que quedó acordado que se le pagará una vez que ingrese el pago del deudor o deudora a las cajas recaudadoras (de los organismos operadores de agua y drenaje), como es el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)”, dijo.
Vicenta Espinosa Martínez informó que a la fecha son 31 denuncias penales presentadas, así como 39 carpetas de investigación, en donde están involucrados 137 empleados o funcionarios del organismo operador de agua.
En este punto, hizo notar el trabajo del actual Gobierno de Baja California que ha acumulado 39 carpetas de investigación desde noviembre pasado a la fecha; contrastando notablemente con las 10 que fueron formuladas por las anteriores autoridades, en 2019 fueron 10 y las 3 del 2018, evidencias del solapamiento oficial.
Al citar las anomalías que se desprenden de las carpetas de investigación, se refirió particularmente al concepto de “Defensa jurídica inadecuada, falta de seguimiento o abandono a los expedientes jurídicos”, en la que incurrieron directores jurídicos y abogados al servicio de los organismos operadores de agua y drenaje; como ejemplo, hizo mención a un convenio signado por la administración pasada, cuyo seguimiento jurídico “se pierde” a dos días de concluir el período gubernamental del anterior gobernador Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, comprometiendo los recursos de esta administración por un monto de más de 100 millones de pesos.
Por lo anterior, la funcionaria estatal, dijo que tendrán que asumir su responsabilidad el ex director de la CESPT, el ex administrador y el ex director jurídico.
