Roberto Vega criticó que esta medida ha generado mayor caos vial en la ciudad, además de elevar los niveles de contaminación en el ambiente.
TIJUANA, Baja California, 11 de septiembre de 2025.- En enero del 2022, el programa de regularización de autos de procedencia extranjera arrancó en Baja California, esto con el objetivo de permitir a las familias bajacalifornianas tener un patrimonio para las siguientes generaciones.
Hoy en día, a más de tres años desde su publicación y posterior aplicación en las calles, más de 500 mil carros han realizado su trámite, lo que ha dejado una recaudación de más de mil 200 millones de pesos, los cuales serían utilizados para bacheo en los municipios de la entidad, informó Marco Antonio Moreno Mexía, titular de la Secretaría de Hacienda del estado.
Ante esto, Roberto Vega Solís, presidente de COPARMEX Tijuana, consideró que esta iniciativa fue más una “medida electoral” por parte del gobierno federal encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que una solución que ayudará a la ciudadanía a contar con su vehículo en regla. Además, el líder empresarial criticó que a causa de este decreto, las calles de Tijuana se llenaron de vehículos, generando no solo caos vial en la demarcación, sino altos índices de contaminación en el aire que respiramos.
Por otro lado, Vega Solís resaltó que uno de los puntos que abanderó el programa en su inicio, como lo es el bacheo en las calles, no es una realidad que se pueda notar debido a que existe un gran rezago en este tema que afecta directamente a las personas en sus colonias. Asimismo, añadió que ellos prefieren apostar por el comercio nacional por medio de vehículos armados y distribuidos en México.
El gobierno de Baja California consideró que el decreto ya cumplió su objetivo a día de hoy, por lo que estarán expectantes si el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo realiza alguna modificación o incluso decida por terminar con él, ya que informaron que la curva de trámites ha ido a la baja desde hace varios meses en las oficinas recaudadoras del estado.
