La falta de conocimiento de la ley disminuye la esperanza de recuperar a sus hijos
TIJUANA, Baja California, 26 de febrero de 2024.- Fue el 6 de mayo de 2021 que Samantha vio a sus hijos por última vez, antes de que el padre de los niños huyera con ellos al informarle que se encontraban en un acto de convivencia social, tras el cual, nunca más volvió a saber de ellos.
Desde esa fecha, Samantha al igual que otras madres pertenecientes al Colectivo CESODI, mantienen un trabajo incansable a favor de las víctimas de violencia vicaria, un tipo de agresión psicológica que afecta a las mujeres quienes son privadas de la libertad de ver y convivir, principalmente con sus hijos.
Gracias a la iniciativa impulsada para castigar este tipo de violación a los derechos de las mujeres, el 17 de marzo de 2023, entró en vigor la ley contra la violencia vicaria, de manera que se permitiría a madres como ella, denunciar a los agresores.
El abogado del colectivo, Rubén Jiménez, menciona que el término en México “se manifiesta a través del ocultamiento, de la sustracción y sobre todo de dificultar la reintegración por medio de juicios”, realidad que viven diariamente las madres que conforman el colectivo.
Hasta el momento, tras casi un año de oficializarse la ley contra la violencia vicaria, se hace un llamado a las autoridades a que se juzgue por este motivo y no se imputen únicamente cargos por la sustracción de menores, ya que aclaran que esta es la suma de distintos tipos de violencia, como la psicológica, que madres e hijos sufren. Como es el caso de Sayuri Arrevillaga, quien al decidir separarse del grupo religioso al que pertenecía, ha sido privada de ver nuevamente a su hijo.
