Señalan que el implicado ha estado involucrado en actos de agresión contra personas migrantes
TIJUANA, Baja California, 19 de septiembre del 2024.- Después de que trascendiera la posible designación de Jorge Alejandro Palau Hernández como encargado de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C., en Baja California y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM expresaron su “profunda preocupación” a dicho nombramiento, ya que señalan que tiene una visión policiaca.
En un comunicado, los colectivos manifestaron que, de acuerdo a diversos reportes periodísticos, el señalado ha estado vinculado previamente a actos de agresión contra personas migrantes, lo que derivó en una suspensión temporal de su cargo.
Señalan que a pesar de estos antecedentes, y tras un intento fallido de nombrarlo como titular del INM en Ciudad Juárez, ahora existe la posibilidad de que se le otorgue un nuevo cargo en Baja California.
“Este nombramiento podría estar llevándose a cabo sin la transparencia debida y sin notificación oficial por parte de las autoridades competentes. La posible asignación de un funcionario con tales antecedentes, es motivo de alarma para las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas de diversas nacionalidades, especialmente en un Estado como Baja California, que ha sido uno de los bastiones más importantes en su defensa”, se puede leer en el posicionamiento.
También establecen que la inclusión de servidores públicos sin un perfil humanitario y con antecedentes de violaciones a los derechos humanos supondría “un grave retroceso en los avances logrados en políticas inclusivas y de respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
Por esta razón hacen un llamado al Comisionado del INM y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, para que reconsideren este posible nombramiento.
También solicitan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevar a cabo una investigación rigurosa sobre los antecedentes y las posibles violaciones a los derechos humanos que involucran a este funcionario.
