A raíz de un juicio de amparo promovido el año pasado contra la orden de canalizar a personas migrantes detenidas por infracciones administrativas a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, el Juzgado federal Primero de Distrito dictó sentencia el pasado cuatro de junio de 2019, por lo que autoridades municipales ya no podrán realizar revisiones de carácter migratorio, remitir personas a procedimientos de expulsión del país, ni referir argumentos que vayan contra los derechos humanos de cualquier persona, incluyendo personas en tránsito por la ciudad.
La presidenta de la organización Alma Migrante, Graciela Zamudio, explicó que en lo consecutivo, la sentencia del Juez sirve de herramienta jurídica para la defensa de cualquier persona independientemente de su condición migratoria, para no permitir discursos o acciones discriminatorias, tal y como ocurrió con el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y el Secretario de Seguridad Publica, Marco Antonio Sotomayor, durante la llegada de la primera caravana de centroamericanos en noviembre del 2018. Caso que dio origen a la solicitud del amparo.
La activista de derechos humanos, sentenció que la orden del Juez también incluye reiterar a la autoridad su obligación de ofrecer información clara y oportuna de las opciones que tiene cualquier detenido para su defensa.
