Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer por completo su situación patrimonial.
El pasado 14 de febrero, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, emitió un oficio dirigido a los funcionarios que ocupan cargos como titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos u homólogos en el que les notifica que deben abrir totalmente su declaración patrimonial, ya que de no hacerlo podrían perder sus empleos.
El texto, informa que “en congruencia con la nueva ética pública que define a este nuevo régimen, los servidores públicos debemos hacer válido el compromiso anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador” de transparentar completamente su declaración patrimonial.
Luego de señalar que adjunta un formato de solicitud de total apertura que debe ser llenado y enviado al director general de responsabilidades y situación patrimonial de la SFP, Fernando Martínez García, además de entregarse de manera física, Sandoval puntualiza en la carta que “el incumplimiento a lo anterior pone en grave riesgo la continuidad en el cargo, según lo dispuesto por el titular del Ejecutivo”.
López Obrador dijo en su momento que todos los servidores públicos que formen parte de su gobierno tendrían la obligación moral no legal de dar a conocer por completo su situación patrimonial y su posible conflicto de intereses pues, de lo contrario, no podrían seguir ocupando sus cargos.
Sin embargo, se reveló que los titulares de las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, Olga Sánchez Cordero y Javier Jiménez Espriú, respectivamente, no incluyeron en su declaración patrimonial la posesión de departamentos de lujo en Estados Unidos, aunque ambos aseguraron sí haberlos incluido en Declaranet.
De acuerdo con la SFP, dicho sistema reserva de forma automática los bienes que los funcionarios tienen en copropiedad, por protección a datos personales de terceros.
