Se corre el riesgo de que los deportados, luego del cierre del campamento, se vean obligados a volver a vivir en las calles.
Sin apoyo de autoridades, un grupo de activistas se vieron obligados a cerrar el campamento migrante de la Plaza Constitución, exhortan al alcalde y demás autoridades a responsabilizarse de los connacionales deportados, gran parte de ellos con adicción a las drogas.
Por falta de recursos, la Alianza Migrante de Tijuana se ve obligado a dejar de apoyar el campamento migrante localizado en la Plaza Constitución de la Zona Norte.
Ahí, permanecen alrededor de 200 migrantes mexicanos deportados, que permanecían en el área desde el 16 de noviembre, por la saturación de los albergues producto de la caravana de migrantes centroamericanos. La activista Lourdes Lizardi lamentó la falta de atención de las autoridades.
José María García, coordinador de “Juventud 2000” manifestó que sin apoyo de los responsables en el gobierno las organizaciones son incapaces de atender, lo que provocara que esa comunidad vuelva a la indigencia, situación que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán resolver.
Miguel Deita, migrante deportado que antes de llegar al campamento estuvo hasta 18 meses viviendo en la canalización del Río, manifestó que el tiempo que estuvieron en el campamento fueron ignorados por las autoridades, sin recibir apoyos económicos, o los baños portátiles que pidieron al gobierno.
En el evento, el coordinador de Ángeles sin Frontera, Sergio Tamai, lamentó el doble discurso de las autoridades, ya que los recursos siguen sin ser repartidos entre los albergues.
