jueves 28 marzo, 2024

Aprueba gobierno venezolano enjuiciar fiscal; oposición convoca a protesta

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La oposición venezolana se declaró en rebelión, invocando el artículo 333 de la Constitución que insta al pueblo venezolano a desconocer al régimen

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó este martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas “faltas graves en el ejercicio de su cargo” a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente mostró posiciones opuestas al gobierno.

El presidente Nicolás Maduro anunció la renovación de la cúpula de la fuerza armada, y ratificó al general Vladimir Padrino como ministro de Defensa, aunque remplazó a los comandantes de los cinco componentes militares, en medio de la tensión política por las protestas opositoras que se han extendido por casi tres meses.

La solicitud de enjuiciamiento de Ortega, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, se presentó el jueves pasado por el diputado oficialista Pedro Carreño, con el argumento de que la jefa del Ministerio Público “mintió” al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

La oposición venezolana se declaró en rebelión, invocando el artículo 333 de la Constitución que insta al pueblo venezolano a desconocer al régimen de Nicolás Maduro y a entrar en una etapa de “protesta permanente” hasta que se produzca un cambio de gobierno.

“Convocamos a todo el pueblo […] a organizar la gran protesta nacional permanente que se realizará en todo el territorio al mismo tiempo hasta lograr el cambio de gobierno y la restitución del orden constitucional”, expresó el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

En un discurso pronunciado en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Borges aseguró que ese “desconocimiento del régimen” incluirá el “nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno”.

“El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie”, agregó.

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